Raúl Sánchez Cedillo

Efectivamente, dos de las funciones de la policía son el «mantenimiento del orden» y la «aplicación de la ley». No obstante, deberíamos cuestionarnos más a menudo qué significa «orden», quién lo define y a quién conviene.

¿qué otros espacios y situaciones han sido impregnados de una lógica policial de tolerancia cero, bajo la premisa de que da mayor seguridad, con consecuencias devastadoras para miles de personas y sin resultados positivos ni a corto, ni a medio ni a largo plazo? ¿En qué otros casos se ha naturalizado la presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad con armamento militar ante la amenaza de un enemigo (interior o exterior) al que combatir, destinando miles de millones de gasto público, en detrimento de mayores inversiones en educación, sanidad, políticas de promoción del empleo (digno), políticas de vivienda o un largo etcétera? ¿En qué otros casos podemos llegar a la conclusión de que seguridad no significa más vallas ni muros, ni «mejores» armas, ni cámaras de videovigilancia, ni mayores controles, ni detectores de metales, ni uso de la fuerza, ni privación de libertad?

El engranaje de impunidad funciona perfectamente y como un reloj.

Mientras el statu quo que los cuerpos policiales mantienen sea profundamente injusto, esté basado en el racismo, el patriarcado y el despojo (de los cuerpos, de los recursos naturales, de comunidades y pueblos enteros), esté normalizada la concentración de la riqueza y el poder en una minoría, la función policial no dejará de traspirar abuso y desigualdad.

Alex S. Vitale cuestiona el paradigma del control social y la gestión policial en cada una de esas facetas y señala una cuestión básica: reducir los servicios (y derechos) sociales y sustituirlos por mecanismos de control social punitivistas no es la solución, sino que forma parte del problema. Más todavía si la gestión del conflicto se lleva a cabo por parte de agentes de la autoridad con armamento militar y con la «mentalidad del guerrero». En este sentido, el autor pone sobre la mesa el coste en términos económicos, así como personales y sociales, de destinar millones de dólares a perseguir, criminalizar y encarcelar colectivos especialmente vulnerables.

Policialización como empoderamiento de la policía y la aplicación de la perspectiva de control y vigilancia ante problemas sociopolíticos, entiéndase protesta social, guerra contra las drogas o cualquier otro

di cuenta de que, en realidad, existía una profunda conexión funcional entre las políticas de desarrollo urbano y el sistema penal legal. El aparato policial, bajo el disfraz de la teoría de las «ventanas rotas», permitía a la ciudad seguir con unas políticas económicas e inmobiliarias que beneficiaban a las agencias y los intereses corporativos. De este modo, las autoridades locales podían invertir dinero en planes de desarrollo en el centro de la ciudad que suponían la destrucción de miles de viviendas de bajo coste, mientras la policía controlaba el impacto de todos aquellos que se veían abocados, directa o indirectamente, a convertirse en personas sin hogar. La ciudad podía seguir financiando, con inversiones mínimas, los servicios de salud mental y permitiendo exenciones tributarias a los ricos, mientras la policía mantenía a raya a quienes no tenían otra salida que deambular por las calles. El control policial es una herramienta que facilita la imposición de la austeridad y los esfuerzos por redistribuir los fondos policiales constituyen un ataque a ese proceso político.

La policía no era una fuerza compuesta por un hatajo de sinvergüenzas que, simplemente, necesitaban algo de formación y asesoramiento legal, sino una fuerza profesional muy bien entrenada que cumplía exactamente los requerimientos que se le habían exigido. La ley permitía sus actividades directamente, o bien actuaba como guía para establecer una serie de límites muy vagos acerca de lo que podía hacerse en caso de que los policías resultaran expuestos; pero, en circunstancias normales, esa ley podía evitarse fácilmente o cambiarse en caso de una oposición suficiente a su mal uso.

Las décadas de duro trabajo que preceden y han hecho posible este libro pueden apreciarse en obras como Beyond Survival,[11] We Do This ‘Til We Free[12] o How to Not Call the Po’Lice Ever,[13] que proponen estrategias concretas para construir comunidades más seguras y saludables sin policía.

hablaba muy poco del sistema de justicia penal en las clases de Urbanística, pues se consideraba un tema aparte, perteneciente al dominio de la criminología y, por tanto, alejado de los debates sobre vivienda asequible, política de impuestos e iniciativas sobre desarrollo económico comunitario.