¿Cuál es el papel adecuado de los tribunales en un Estado de Derecho? ¿Pueden reemplazar o “corregir” las decisiones de las legislaturas, integradas por personas elegidas por el voto de las mayorías? ¿Deberían compartir con el Congreso la potestad de interpretar las leyes? Dicho de otro modo, ¿quién debería tener la última palabra en la «traducción” de la Constitución y las leyes a la vida cotidiana?
En este libro de extraordinaria influencia, que renovó de raíz el pensamiento jurídico contemporáneo, Mark Tushnet despliega los efectos positivos de un papel más «débil» por parte del Poder Judicial, un sistema en el que los legisladores y los funcionarios del Poder Ejecutivo participen abiertamente en la interpretación constitucional. Postula, además, una concepción más “fuerte” de los derechos sociales y económicos, que deberían quedar bajo la custodia activa de todas las ramas de gobierno (en primer lugar, las ramas políticas).
Fundador de la corriente de los estudios críticos del derecho en los años setenta, rara avis en el derecho norteamericano –como jurista de izquierda que ocupa un lugar central en la discusión constitucional contemporánea–, Tushnet pone a prueba su propuesta comparando el derecho de los Estados Unidos con los de Australia, Canadá o el Reino Unido, y demuestra que un «control de constitucionalidad débil», como el que aplican esos países, puede ser compatible con el autogobierno democrático y la garantía del cumplimiento efectivo de los derechos para todas las personas.
Mientras en la región se multiplican los conflictos entre poderes ejecutivos y judiciales –y su solvencia y legitimidad para tomar decisiones–, Siglo XXI acerca a los lectores de lengua castellana una obra clave para enriquecer y matizar esas discusiones, que en el fondo hablan de la fortaleza o debilidad de nuestras democracias.
